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La Cámara de Diputados aprobó recientemente una resolución de carácter político y administrativo, mediante la cual se solicita formalmente al Presidente de la República, José Antonio Kast, dejar sin efecto los beneficios de pensión de gracia otorgados en el contexto del estallido social a todas aquellas personas que cuenten con antecedentes penales vigentes en su historial. La propuesta, impulsada de manera transversal dentro de sus sectores promotores por los diputados Jorge Alessandri y Constanza Hube, fue visada en la sala de la corporación tras alcanzar una mayoría de 86 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.

El documento oficial con el requerimiento fue presentado de manera directa ante el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con la finalidad de que el Ejecutivo inicie la evaluación técnica y jurídica para modificar las asignaciones vigentes. De acuerdo con los datos que sustentan la solicitud, del universo total de entre 418 y 419 beneficiarios detectados tras los acontecimientos de octubre de 2019, los informes oficiales identifican que entre 40 y 58 personas poseen antecedentes penales en el sistema de justicia chileno, registrándose al menos 10 condenas específicas por delitos de diversa gravedad, tales como estafa, tráfico de drogas, abuso sexual, pornografía infantil y robo con violencia.

La discusión parlamentaria se inserta en un análisis de largo alcance respecto a la regularización de las potestades administrativas del Estado para otorgar y retirar fondos públicos de carácter vitalicio. Los sectores que respaldaron la medida argumentan la necesidad de resguardar el correcto destino de los recursos fiscales, estableciendo la carencia de antecedentes delictuales como un requisito de idoneidad indispensable. En contraste, las bancadas de izquierda, principalmente representadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, manifestaron su rechazo a la resolución bajo la premisa jurídica de que los beneficios se estructuraron originalmente bajo criterios de reparación, con independencia de la situación procesal posterior de los afectados.

Desde la perspectiva legal, el proceso pasa ahora a una fase de evaluación interna por parte del Ministerio de Justicia. Esta cartera deberá ponderar los mecanismos de revocación administrativa, emulando o ampliando los criterios adoptados en enero de 2024, cuando la Subsecretaría del Interior aplicó la invalidación de 28 pensiones específicas basadas en hallazgos de la Contraloría General de la República. Asimismo, la resolución aprobada proyecta una segunda etapa orientada a revisar los procesos de asignación de pensiones ligadas a exonerados políticos, ampliando el espectro de fiscalización sobre los fondos de previsión estatal de asignación especial.