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El ocho de abril de dos mil veinticuatro, el partido Evolución Política (Evópoli) puso término al contrato de su secretario general, Juan Carlos González Calderón, argumentando necesidades de la empresa. El finiquito alcanzó los nueve millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos ochenta y nueve pesos, incluyendo vacaciones pendientes. Hasta ese momento, González ejercía el cargo desde octubre de dos mil veintidós y percibía una remuneración mensual cercana a los cuatro millones de pesos.

Dos meses después, el uno de junio de dos mil veinticuatro, la directiva del partido —presidida entonces por la exministra Gloria Hutt— suscribió un contrato con Asesorías e Inversiones Ergon S.A., sociedad creada por el propio González en dos mil catorce. Según las observaciones formuladas por el SERVEL al balance correspondiente al ejercicio dos mil veinticuatro, el servicio contratado correspondía a labores de asesoría a la Secretaría General del partido. Por ese concepto se pactó el pago de cien UF mensuales, equivalentes a poco más de tres millones setecientos mil pesos de la época, sumando un total de veinticuatro millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos ochenta y tres pesos entre julio y diciembre de dos mil veinticuatro.

En el proceso de fiscalización anual de los partidos políticos, el SERVEL revisó la contabilidad interna de Evópoli y resolvió rechazar el gasto asociado a la contratación de Ergon S.A. Si bien el organismo no objetó la realización efectiva de las labores —las que contaban con respaldos documentales de reuniones y actividades partidarias— determinó que el partido no adjuntó copia del acta de la mesa directiva donde constara el acuerdo de desvinculación y posterior contratación bajo modalidad civil. Asimismo, invocó disposiciones de la Ley 18.603, que regula el financiamiento estatal de los partidos políticos, señalando que estas colectividades no pueden constituir ni participar en personas jurídicas, salvo excepciones legales, ni prestar servicios a título oneroso.

El veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el SERVEL rechazó el balance del ejercicio dos mil veinticuatro y solicitó la restitución de los más de veinticuatro millones pagados con cargo a financiamiento estatal. La resolución implicó además la retención del financiamiento trimestral mientras no se subsanen las observaciones formuladas. Paralelamente, Evópoli enfrenta un proceso de disolución tras no cumplir los requisitos legales mínimos de representación parlamentaria y porcentaje de votos en la última elección de diputados. La colectividad anunció que recurrirá ante el Tribunal Calificador de Elecciones para intentar revertir dicha medida.