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El presidente argentino Javier Milei consiguió esta semana un avance legislativo relevante con la media sanción de la reforma laboral en el Senado. El proyecto fue aprobado con cuarenta y dos votos a favor y treinta en contra, configurando una mayoría sólida para el oficialismo. La iniciativa introduce modificaciones en el sistema de indemnizaciones, habilita un banco de horas en reemplazo de las horas extras, permite fraccionar vacaciones y establece nuevas modalidades de pago salarial, incluyendo mecanismos no remunerativos.

La votación se desarrolló en paralelo a manifestaciones en las inmediaciones del Congreso. Según los reportes oficiales, más de mil efectivos resguardaron el perímetro del edificio legislativo. Durante la jornada se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con un saldo informado de más de trescientas personas heridas y treinta y una detenidas. La Confederación General del Trabajo no convocó al paro nacional previamente anunciado, lo que incidió en el desarrollo de la protesta.

En el plano económico, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la inflación de enero alcanzó el dos coma nueve por ciento, marcando el octavo mes consecutivo con cifras en alza. La decisión del Gobierno de mantener la metodología anterior de medición generó controversia, luego de que trascendiera que una actualización técnica habría arrojado un índice superior. En ese contexto, se produjo la renuncia del director del organismo, Marco Lavagna.

La agenda también estuvo atravesada por un caso judicial vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Sebastián Casanello procesó al exdirectivo Diego Spagnuolo, a quien acusó de liderar una asociación ilícita y de participar en el cobro de sobornos. El magistrado dispuso además un embargo por doscientos millones de pesos y señaló que el esquema investigado podría no estar agotado en los hechos ya acreditados.

En medio de estos episodios, el Ejecutivo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Según el Gobierno, su objetivo será desmentir información considerada falsa. Diversas organizaciones periodísticas manifestaron reparos institucionales ante la medida. La reforma laboral deberá ahora ser tratada en la Cámara de Diputados para completar su trámite parlamentario.