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La Ley Marco de Ciberseguridad 21.663, aprobada en 2024 y en vigencia desde 2025, está generando un impacto significativo en la manera en que las organizaciones chilenas gestionan su seguridad digital. Esta legislación no solo representa un cumplimiento normativo, sino que también promueve un cambio fundamental en la forma que la ciberseguridad se incorpora en la continuidad operativa y la gestión de riesgos. Según IFX Chile, las empresas deben avanzar desde una postura reactiva hacia una más proactiva, asegurando visibilidad en tiempo real y la capacidad de respuesta, incluso ante eventuales incidentes de seguridad.

En este contexto de alta exposición digital y creciente presión regulatoria, la normativa establece que los Operadores de Importancia Vital (OIV) deben implementar sistemas de monitoreo permanente, desarrollar planes formales de respuesta ante incidentes y crear mecanismos de reporte adecuados. Esto obliga a las organizaciones a reconsiderar cómo supervisan y gestionan su infraestructura crítica, integrando la ciberseguridad como un eje central en sus operaciones. La subgerente comercial corporativa de IFX Chile, Andrea Silva, señala que ahora la atención se centra en la capacidad de las empresas para mantener operaciones continuas frente a ciberincidentes, algo que constituye un cambio de enfoque notable en la conversación en torno al tema.

Las proyecciones del mercado de ciberseguridad en Latinoamérica son optimistas, con estimaciones que alcanzan un valor de USD 10.600 millones para 2025 y un aumento del 13,9% proyectado para 2026. En Chile, se espera que el mercado alcance los USD 658 millones, con un crecimiento estimado del 12,4% en el próximo año. Estos datos no solo reflejan la inversión en tecnología, sino que también indican un proceso de profesionalización del enfoque de ciberseguridad en las empresas. Silva afirma que hoy en día, la ciberseguridad se discute en los directorios, dado su impacto directo en la continuidad del negocio y la competitividad en un entorno digital.

Sin embargo, el crecimiento del mercado también pone presión sobre la disponibilidad de talento especializado en ciberseguridad. Un informe del CSIRT indica que Chile enfrenta una brecha que se aproxima a 28.000 profesionales en este campo, con perspectivas que podrían elevar la necesidad a 63.500 especialistas para el 2026 si la tendencia actual de adopción tecnológica se mantiene. En respuesta a esta situación, existe una creciente demanda por modelos integrados de monitoreo, análisis y respuesta que sean capaces de ofrecer visibilidad en tiempo real sobre infraestructuras cada vez más complejas y distribuidas. Silva destaca que las organizaciones requieren soluciones que les permitan controlar toda su operación desde un único lugar y reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad. A medida que se implemente la Ley de Ciberseguridad, se hace evidente que las empresas que logran adaptarse y anticipar estos cambios no solo cumplirán con los nuevos requerimientos legales, sino que también estarán mejor posicionadas para competir en un entorno cada vez más desafiante y expuesto a riesgos significativos.