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La denominada “trama bielorrusa” ha puesto a Ñuble en el centro de una compleja investigación judicial, que revela una supuesta red de corrupción que abarca a diversos actores del sistema judicial chileno. Esta indagatoria se origina en el conocido “caso audios”, donde se han detectado presuntas irregularidades que implican a abogados, jueces y conservadores de bienes raíces. La Fiscalía ha señalado que la red operaba con el objetivo de influir en decisiones judiciales y asegurar nombramientos en puestos clave dentro del sistema. En este contexto, la investigación se centra en el consorcio Belaz-Movitec (CBM), que se enfrentó a Codelco en un litigio relacionado con el proyecto Rajo Inca. A raíz de resoluciones favorables al consorcio, se habrían transferido más de 17 mil millones de pesos a CBM, según informes de la Fiscalía. La indagatoria ha revelado un esquema sofisticado para ocultar el origen de los fondos, utilizando métodos como la triangulación de pagos y contratos ideológicamente falsos. Recientemente, la Fiscalía formalizó a tres nuevos imputados por lavado de activos, incluyendo a conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, así como a un dueño de una casa de cambios. Durante las audiencias, se expusieron detalles de transferencias de dinero que vinculan a los imputados con la pareja de una exministra de la Corte Suprema, actualmente en prisión preventiva. Además, la investigación ha tomado un giro político, tras las declaraciones de un exdiputado que implican a la senadora Loreto Carvajal en gestiones para nombrar a uno de los conservadores. Esto ha llevado a la apertura de una nueva causa que se encuentra bajo reserva. La senadora ha negado cualquier intervención y ha calificado las acusaciones como falsas. La complejidad del caso se incrementa con la presencia de varios actores políticos y la necesidad de verificar cada versión mediante pruebas independientes.