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En el contexto de la inminente transición política en Chile, el Gobierno saliente enfrenta un creciente debate tras la activación de 23 concursos públicos para ocupar cargos directivos en distintas reparticiones del Estado. Estos procesos de selección, que se concentran en ministerios como Vivienda, Prevención del Delito, Medio Ambiente y en el ámbito de las Fuerzas Armadas, han suscitado críticas por su temporalidad, ya que muchos están abiertos a semanas de que la actual administración deje el poder. Las remuneraciones para estos cargos pueden superar los $4 millones mensuales, lo que ha elevado la preocupación sobre la legitimidad y la ética de estos nombramientos en un periodo de cambio. Desde el equipo que asumirá el nuevo gobierno, se ha manifestado que estos concursos podrían ser interpretados como un intento deliberado de 'amarrar' posiciones clave, lo que podría influir en la gestión del futuro gobierno. En respuesta a esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil y centros de estudios han solicitado información a través de la Ley de Transparencia, buscando esclarecer el fundamento y alcance de los concursos activados.