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El Tribunal de Chillán ha ordenado un peritaje psicológico a dos exfuncionarios del municipio de Vitacura, quienes fueron destituidos tras la viralización de un video que los mostraba manteniendo relaciones sexuales dentro de las dependencias municipales. Esta controversia ha generado un debate significativo sobre los derechos y la privacidad de los trabajadores en el ámbito público.

La demanda fue interpuesta por uno de los exfuncionarios, Valenzuela, quien alega haber sufrido “tratos vejatorios” y otras vulneraciones laborales que, según su testimonio, han afectado su autoestima y estabilidad emocional. En su declaración, Valenzuela menciona que la situación le ha provocado miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados. La controversia se intensificó tras la difusión del video, lo que llevó a la administración municipal a iniciar un sumario administrativo que culminó en la destitución de ambos funcionarios.

El tribunal ha considerado relevante el alegato de daño moral presentado por los demandantes, por lo que se ha decidido realizar un peritaje psicológico para determinar si efectivamente existen las afectaciones que han sido denunciadas. Este proceso podría tener implicaciones significativas no solo para los exfuncionarios, sino también para las políticas de manejo de personal en el ámbito municipal.

Este caso ha resaltado la importancia de la privacidad en el lugar de trabajo y cómo la exposición pública puede tener repercusiones severas en la vida personal y laboral de los individuos involucrados. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que se presenten más detalles sobre el contexto de la situación y las decisiones que tomará el tribunal respecto a la demanda.