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Richard Guzmán Fernández, ex administrador municipal de Chillán, se encuentra bajo la lupa de la justicia por ocho delitos de negociación incompatible. Ante esta situación, el Ministerio Público ha ofrecido un procedimiento abreviado que contemplaría una condena de 541 días de presidio, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas que podrían ascender a $30 millones. Los delitos están vinculados a irregularidades en contrataciones y renovaciones de contratos con personas con las que Guzmán tenía lazos comerciales, a pesar de su obligación de inhabilitarse para participar en esos procesos.

Este caso ha impactado profundamente el ámbito político y administrativo de Chillán, generando la intervención de la Contraloría General de la República. Este organismo ha indicado que, dada la gravedad de los hechos y su conexión con el principio de probidad administrativa, corresponde aplicar la sanción de destitución al ex funcionario. Sin embargo, la emisión del nuevo decreto alcaldicio que formalizaría esta sanción aún no ha sido realizada, lo que ha generado cuestionamientos en el Concejo Municipal.

La lentitud en la implementación de la sanción administrativa, junto con el avance de la causa penal, resalta la necesidad de que las autoridades de Chillán actúen con mayor transparencia y respeto al principio de probidad. La comunidad sigue atenta a los avances de este caso, que no solo afecta a Guzmán, sino que también pone en entredicho la gestión administrativa del municipio en su conjunto. Las implicaciones de este caso podrían tener un impacto duradero en la confianza pública hacia las instituciones locales y su capacidad para manejar adecuadamente los asuntos públicos.