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La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la implementación de acciones judiciales, incluyendo querellas, contra 1.806 beneficiarios del programa Becas Chile. Esta decisión se fundamenta en una auditoría realizada por el Ministerio de Ciencia que reveló que entre 2008 y 2025, el Estado chileno desembolsó cerca de $100 mil millones en profesionales que, hasta la fecha, no han cumplido con la obligación de retornar a Chile tras finalizar sus estudios de postgrado.

La auditoría, solicitada por la ministra Ximena Lincolao el 11 de marzo de 2026, analizó más de 2 millones de datos estadísticos y abarcó un universo de entre 12.000 y 12.505 becas otorgadas en el período mencionado. De este total, se identificó que el 15% de los beneficiarios se encuentra en incumplimiento de las condiciones establecidas por el Decreto Supremo 664/2008, que regula el programa. Este decreto estipula que los beneficiarios deben regresar a Chile dentro de un año y acreditar su permanencia en el país por un tiempo equivalente al doble de la duración de la beca.

Como consecuencia inmediata de los hallazgos de la auditoría, la ministra Lincolao anunció la suspensión total de las convocatorias para el año 2026 para magíster y posdoctorado en el extranjero. Esta medida responde a las irregularidades detectadas en la auditoría, que también reveló brechas significativas en la equidad de los procesos de selección, favoreciendo históricamente a postulantes de colegios particulares y comunas con mayores ingresos socioeconómicos. La ministra se comprometió a publicar el informe completo en los canales oficiales del Gobierno, proporcionando así mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la educación superior en el extranjero.