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La Contraloría Regional de Ñuble ha dado a conocer los resultados de una investigación que involucra al alcalde de Coihueco, Wilson Palma Jelves, quien ha sido señalado por incurrir en acoso laboral y acoso sexual contra una funcionaria del Departamento de Salud Municipal, conocido como DESAMU. Esta investigación se originó a partir de una denuncia formal que alegaba acoso, abuso de poder y represalias, en el marco de la Ley N° 21.643, también llamada Ley Karin. Según la Resolución Exenta N° RE17392/2026, emitida el 10 de junio de 2026, la Contraloría logró establecer la existencia de mensajes de carácter personal y sexualizado enviados por el alcalde, que incluían expresiones como “sos rica” y “muy sexi”. Además, se documentaron exigencias de disponibilidad de la funcionaria fuera de su horario laboral, lo que generó un ambiente de trabajo hostil.

El organismo fiscalizador también consideró otros comentarios atribuidos al alcalde, que reflejan un abuso de autoridad. Frases como “el poder lo tengo yo” y “yo soy el que contrata” fueron parte de los antecedentes que llevaron a la Contraloría a concluir que las conductas del alcalde vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa. Además, se destacó que los hechos tuvieron un impacto negativo en la salud mental de la trabajadora, respaldado por informes psicológicos que fueron incluidos en el expediente de la investigación. Estas acciones, de acuerdo a la resolución, no solo afectan a la funcionaria, sino que también son una violación a las normas sobre prevención y sanción del acoso en el sector público.

La Contraloría también indicó que durante el proceso de investigación se encontraron antecedentes adicionales que podrían estar relacionados con irregularidades en contrataciones municipales. Estos antecedentes serán enviados al Ministerio Público y al Concejo Municipal de Coihueco. Este último tendrá la responsabilidad de decidir si se presentan los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER), entidad que podría sancionar al alcalde con la destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos por un período de cinco años, de ser confirmadas las irregularidades en su gestión.