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Un complejo escenario judicial y administrativo se desarrolla en la comuna de Osorno, tras la detención de un docente de educación básica al interior de la Escuela Efraín Campana Silva. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por una apoderada, quien acusó una presunta agresión física en contra de su hija de 12 años, activando la concurrencia de personal de Carabineros al establecimiento administrado por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). La ejecución del arresto en presencia de la comunidad escolar derivó en la suspensión total de las clases al día siguiente, calificada por la administración del recinto como una crisis educativa interna.

El caso experimentó un vuelco durante la audiencia de control de la detención efectuada en el Juzgado de Garantía de Osorno. Tras la revisión técnica de las piezas audiovisuales de las cámaras de seguridad perimetrales ubicadas en los pasillos del establecimiento, el tribunal estimó que las imágenes contradecían los hechos descritos en la denuncia inicial de la menor y su madre. Debido a la falta de concordancia entre el relato y los registros técnicos objetivos, el magistrado resolvió no aplicar medidas cautelares restrictivas de libertad o de arraigo contra el docente, decretando únicamente la prohibición cautelar de acercarse a la presunta afectada mientras concluya el período de investigación formal que lleva adelante el Ministerio Público. Con esta resolución, el profesional de 41 años de servicio, quien se encuentra en proceso de jubilación, quedó facultado para retornar a sus labores habituales.

De forma paralela a las acciones del tribunal, la directiva provincial del Colegio de Profesores presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República. El requerimiento del gremio busca que el órgano fiscalizador evalúe la legalidad de los procedimientos y establezca las eventuales responsabilidades administrativas de la dirección del establecimiento y de las autoridades del DAEM, argumentando una omisión en la aplicación de las normativas de convivencia y seguridad escolar que resguardan la integridad de los trabajadores de la educación. En respuesta a esta acción, la dirección del DAEM de Osorno confirmó el inicio de una investigación sumaria interna con el objetivo de esclarecer de forma técnica el cumplimiento de los protocolos de actuación en los momentos previos y posteriores al ingreso de la fuerza pública al recinto.