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La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) emitió un comunicado en el que denuncia al presidente Kast por lo que califican como una "liquidación mediante asfixia presupuestaria" del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Según la ANEF, el recorte del 47% del presupuesto para el INJUV en la ejecución del año 2026, que representa más de $3.859 millones, ha llevado al despido inmediato de 137 trabajadores y trabajadoras. Esta situación, según la agrupación, pone en riesgo a 4.5 millones de jóvenes en el país, ya que afecta directamente programas que benefician a este grupo. La ANEF considera que esta medida no solo implica la reducción de personal, sino también el cierre de direcciones regionales y la eliminación de espacios de organización juvenil.

La agrupación afirmó que el ejecutivo no tiene la autoridad para clausurar el INJUV ni suprimir su estructura orgánica a través de un decreto presupuestario, ya que esto vulnera el principio de legalidad estatal y el mandato constitucional de continuidad institucional. En este contexto, la ANEF calificó la maniobra del gobierno como un "formato ilegal de ejecución presupuestaria" que busca evadir el control parlamentario y la deliberación democrática en torno a las políticas públicas dirigidas a la juventud. Por su parte, el gobierno ha anunciado la intención de crear un nuevo organismo que reemplace al INJUV, lo que ha generado una serie de críticas y preocupaciones entre los funcionarios del organismo afectado.

Ante la controversia, funcionarios del INJUV han decidido recurrir a la Contraloría General de la República para solicitar la revisión de estos recortes, los cuales consideran arbitrarios y perjudiciales para el desarrollo de iniciativas dirigidas a la juventud. La situación ha generado un amplio debate en torno a la gestión presupuestaria del gobierno y su impacto en los servicios públicos, especialmente en un contexto donde la juventud enfrenta múltiples desafíos en el país.