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La empresa pesquera Landes presentó una demanda indemnizatoria contra el Estado de Chile, solicitando una reparación ascendiente a US$ 70 millones 188 mil, producto de los perjuicios económicos ocasionados por la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, legislación impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La acción ingresada por Landes y acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago fundamenta que el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización. Esto, según señala la demanda, vulnera los principios básicos de legalidad y afecta gravemente el patrimonio de la compañía, particularmente en el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel.

“Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes a través de una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”, afirmó David Cademartori Gamboa, abogado de Barros & Errázuriz.

Para la empresa con asiento en Talcahuano, la reducción de cuotas compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado, e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria, impactando negativamente en la sostenibilidad del negocio y creación de empleo.

“Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”, sostuvo Andrés Fosk Belan, CEO de Landes.

Landes advierte que el nuevo fraccionamiento pesquero constituye un golpe para el jurel chileno, pesquería que se encuentra en óptimas condiciones de sostenibilidad y atraviesa una ventana internacional favorable con apertura de nuevos mercados por escasez de sustitutos. Sin embargo, a nivel local, enfrenta una legislación restrictiva.

“Estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor”, afirmó Andrés Fosk.

El CEO de Landes abogó por certeza regulatoria para el desarrollo de la pesca industrial, sector clave de la economía nacional que emplea a más de 6 mil personas en la región del Biobío.

“Llamamos al próximo Congreso y a la administración entrante a generar condiciones políticas y certezas regulatorias para el desarrollo de la pesca industrial,” agregó Fosk. “La discusión en torno a una nueva Ley de Pesca se mantiene vigente y representa una amenaza más grave aún para nuestro sector.”

La demanda se presenta como una búsqueda de justicia para las empresas pesqueras y un llamado a reconsiderar las políticas que afectan a toda una industria y a sus trabajadores.