Detención de exministra Ángela Vivanco en Las Condes marca un hito en la investigación por cohecho y lavado de activos
La noche de este domingo, Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en un operativo realizado en la comuna de Las Condes. La detención se enmarca en el contexto de una investigación penal liderada por el Ministerio Público, centrada en la denominada trama bielorrusa, que incluye delitos de cohecho y lavado de activos.
El fiscal Marco Muñoz, quien estuvo presente en el operativo, confirmó que la detención se llevó a cabo tras la admisibilidad de una querella presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Esta resolución judicial permite a la Fiscalía avanzar en diligencias más intrusivas, como la formalización de cargos y la posible solicitud de prisión preventiva.
Detalles de la detenciónLa exministra fue trasladada a dependencias policiales y se espera que sea formalizada durante la jornada de este lunes. Durante el operativo, se ejecutó una orden judicial de entrada y registro en su domicilio, donde se incautaron diversas especies relevantes para la investigación. Vivanco fue vista saliendo de su residencia esposada y cubierta, escoltada por personal de Carabineros.
“La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución judicial respectiva”, afirmó el fiscal Muñoz.
La Corte Suprema, en su decisión, consideró que los antecedentes presentados por el Ministerio Público son serios y permiten continuar con la investigación. Sin embargo, dos ministros expresaron una disidencia parcial, señalando que no hay elementos suficientes para vincular directamente a Vivanco con los delitos imputados.
Implicaciones del casoEste caso podría tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la corrupción en el sistema judicial chileno. La trama bielorrusa, que involucra un litigio millonario entre el consorcio Belaz Movitec y Codelco, ha captado la atención de la opinión pública, generando un debate sobre la integridad de los funcionarios públicos y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de casos judiciales.




