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La tramitación del Presupuesto de la Nación 2026 ha alcanzado su etapa final en el Congreso, con una comisión mixta encargada de resolver los puntos pendientes tras su tercer trámite. Entre los aspectos relevantes se encuentran los recursos asignados al Ministerio de Seguridad Pública, el financiamiento de sitios de memoria y los fondos para el Instituto Nacional de la Juventud. Estas áreas han sido foco de diferencias políticas y técnicas que aún se discuten.

En este contexto, Ñuble ha seguido de cerca el proceso. A pesar de que el Gobierno había anunciado una reducción del 5% en los montos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), finalmente se confirmó que la región recibirá $93.383 millones el próximo año, lo que representa una variación de -2,1%. Esta cifra, aunque menor a la esperada, está en línea con la caída promedio nacional de los gobiernos regionales, que fue de -1,9%.

Para las autoridades locales, este alivio financiero permitirá mantener en ejecución proyectos esenciales y evitar paralizaciones en áreas críticas como infraestructura menor, iniciativas municipales y programas de reactivación. El diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), ha sido un actor clave en las negociaciones finales, insistiendo en la necesidad de revisar los supuestos de ingresos y la sostenibilidad de diversas líneas de gasto.

“Es fundamental que el próximo Gobierno cuente con flexibilidad para hacer ajustes presupuestarios según sus prioridades”, afirmó Sauerbaum.

La discusión en la comisión mixta se considera decisiva para corregir lo que se han denominado “falencias estructurales” del proyecto presupuestario. Otro aspecto valorado en este contexto ha sido la reposición del programa Más AMA y el fortalecimiento de asignaciones a municipios rurales, aspectos que han sido destacados por diversos parlamentarios, quienes subrayan el impacto directo que el FNDR tendrá en territorios con brechas significativas en desarrollo.

Aunque menos mediático, la creación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha generado tensiones entre el Ejecutivo y parlamentarios de distintas bancadas. El compromiso de Hacienda de establecer un cronograma enfocado en municipios con mayor fragilidad financiera responde a preocupaciones sobre el impacto de una implementación apresurada en el gasto operativo y en la calidad del servicio educativo. La comisión mixta continuará sesionando esta semana, en un intento por asegurar que la Ley de Presupuestos se despache antes de los plazos constitucionales, siendo crucial que las correcciones no afecten los fondos ya comprometidos.