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La conexión aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas ha desencadenado una nueva escalada diplomática. Este lunes, el gobierno de Javier Milei denunció operaciones realizadas por la empresa británica Thales UK Limited, las cuales, según Buenos Aires, no contaban con autorización argentina. En respuesta, se han anunciado procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

El comunicado oficial de la Presidencia argentina menciona también un conflicto más amplio relacionado con la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas, cuya soberanía es objeto de disputa entre Argentina y Reino Unido. Como parte de esta estrategia, Milei instruyó iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra Reino Unido, utilizando el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La acusación que involucra a Chile se centra en la empresa británica mencionada, que habría realizado operaciones en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas sin el consentimiento de las autoridades argentinas. En consecuencia, Buenos Aires ha ordenado iniciar urgentemente acciones administrativas y penales, además de gestiones diplomáticas, aunque el comunicado no atribuye la infracción al Estado chileno.

Este episodio ocurre en un contexto de creciente atención hacia las relaciones comerciales entre la región de Magallanes y las islas. Un día antes, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, defendió el derecho de la comunidad de Punta Arenas a llevar a cabo actividades comerciales con el archipiélago, aunque reconoció que existe una sensibilidad mayor cuando estas operaciones se vinculan a exploraciones petroleras o mineras.

El arbitraje anunciado por el Gobierno argentino tiene como objetivo principal intentar detener el desarrollo petrolero en la zona, específicamente el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina considera que la explotación de estos recursos vulnera los derechos que reclama sobre su plataforma continental. Además, se ha dado un plazo de dos semanas a Reino Unido para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de tales actividades.

Si no hay respuesta de Londres, Argentina ha anunciado que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para resguardar los derechos soberanos que reclama sobre el área. La disputa ha cobrado fuerza en septiembre, con Argentina iniciando procedimientos contra compañías vinculadas a proyectos petroleros en las islas y cuestionando previamente una guía británica que promueve actividades comerciales en el territorio.

Por su parte, Reino Unido ha respondido a estas acusaciones calificándolas como un ejercicio injustificado de jurisdicción extraterritorial, reiterando su apoyo al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas. Para Chile, este contexto añade un elemento sensible a su política exterior; en abril, durante una reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei, se reiteró el respaldo oficial chileno a los derechos de soberanía que Argentina reclama sobre las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Ambos gobiernos reafirmaron la necesidad de buscar una solución pacífica y negociada entre Argentina y Reino Unido, conforme a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. A la vez, el Gobierno chileno ha defendido la posibilidad de mantener actividades comerciales legales entre Magallanes y las islas, lo que hace especialmente relevante cualquier avance en las gestiones diplomáticas anunciadas por Buenos Aires respecto a los vuelos entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.