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El Partido de la Gente (PDG) se enfrenta a una situación compleja debido a las indagaciones realizadas por el Ministerio Público, que incluyen acusaciones de falsificación de firmas y potenciales delitos de lavado de activos. La causa principal se originó en 2024, cuando militantes, incluida la exdiputada Karen Medina, denunciaron irregularidades en el proceso de constitución del partido en 2021.

Entre las acusaciones se destaca la supuesta falsificación de la firma de Marjorie Catalán, quien formó parte del Tribunal Supremo del partido. Catalán declaró que nunca firmó ni estuvo presente en la proclamación del Tribunal Supremo, lo que ha llevado a la fiscal Patricia Cerda a investigar la validez de los documentos presentados ante el Servel.

A pesar de que no se han formalizado imputaciones, las pesquisas han revelado que algunas personas dentro del partido podrían haber incurrido en acciones que involucrarían la quema de cartolas bancarias, lo que despierta sospechas de desvío de fondos. Este contexto ha llevado a la fiscalía a solicitar un análisis patrimonial de las cuentas del partido, así como la revisión de reportes de la Unidad de Análisis Financieros (UAF) sobre exdirectivos, incluido el líder del partido, Franco Parisi.

Los balances financieros de 2021 y 2022 fueron aprobados por Servel sin reparos, pero existen dudas sobre los fondos de 2023 y 2024 que alcanzan los $1.400 millones. En este sentido, la fiscalía ha estado evaluando si ha habido desvío de dineros que podrían estar vinculados a otras irregularidades dentro del partido.

Adicionalmente, el Servel ha detectado otras irregularidades relacionadas con operaciones bancarias y pagos sin respaldo, lo que ha llevado a la denuncia formal ante el Ministerio Público. La fiscal Cerda está a cargo de esta indagación adicional, donde se investiga a Luis Moreno, ex timonel del partido, y Miguel Azar, exadministrador general, por su posible implicación en estas irregularidades.