La nostalgia de un modelo agotado frente a la evidencia de tres décadas
En el debate público actual, ha resurgido con fuerza una
vieja consigna: la idea de que la prosperidad del país depende exclusivamente
de "cuidar a los ricos" bajo la premisa de que, si ellos concentran
mayor capital, la inversión y el empleo llegarán por efecto derrame. Esta
argumentación no solo ignora la realidad del siglo XXI, sino que se sustenta en
una lectura distorsionada de nuestra propia historia económica.
Es imperativo confrontar este dogma con los datos que
definen nuestro desarrollo democrático. Mientras se intenta instalar la idea de
que el modelo de la dictadura —que promedió un crecimiento anual de apenas un
2,9% durante 17 años— es la única receta posible, los hechos demuestran lo
contrario. La transición democrática, lejos de hundir al país, fue el ciclo
donde Chile alcanzó sus mayores tasas de expansión económica, con promedios
cercanos al 5,6% anual en la década de los 90, demostrando que crecimiento y
progreso social no son objetivos contrapuestos.
La reducción de la pobreza en Chile —pasando desde un
alarmante 38,6% en 1990 hasta un 6,5% en 2022— es el mayor triunfo de nuestra
institucionalidad. Este logro no fue obra de la casualidad, sino el resultado
de políticas de Estado transversales que supieron combinar el dinamismo del
libre mercado con una voluntad fiscal clara. Fue durante el gobierno de Patricio
Aylwin que se implementó la reforma tributaria que elevó el impuesto de
Primera Categoría del 10% al 15%, permitiendo financiar la inversión social
necesaria para reducir la vulnerabilidad extrema. Posteriormente, las
administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle
Bachelet continuaron gestionando el país bajo un marco institucional serio
que permitió al Estado cumplir su rol redistribuidor.
Afirmar que este avance es mérito exclusivo de un sector es
tan inexacto como sugerir que la fórmula del siglo pasado sigue vigente. La
reducción de la pobreza ha sido un proceso integral de 32 años, donde tanto la
centroizquierda como la centroderecha, incluyendo los gobiernos de Sebastián
Piñera, gestionaron la economía manteniendo una institucionalidad que
permitió el progreso.
Hoy, cuando se proponen reformas que sacrifican la
recaudación fiscal bajo el eslogan de que "los privados se encargarán del
crecimiento", la historia demuestra que el país no prospera protegiendo
privilegios, sino fortaleciendo la capacidad fiscal del Estado para reducir
brechas y garantizar derechos. Chile no necesita volver a las fórmulas de hace
40 años; necesita avanzar en un pacto que entienda que el desarrollo es una
construcción colectiva, técnica y, por sobre todo, equitativa.