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La actual ministra de Medioambiente Carolina Schmidt y el exministro Marcelo Mena, expusieron antecedentes sobre el proceso de evaluación ambiental de la minera Dominga. En la tarde, la instancia se abocó a especialistas en elusión tributaria y paraísos fiscales, entre otras materias económicas.

En una nueva jornada de la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, participaron autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. La primera en hacer uso de la palabra fue la actual ministra de esta cartera, Carolina Schmidt.

La secretaria de Estado realizó un repaso a todos los procesos de evaluación que desarrolló el proyecto Dominga desde septiembre de 2013. Señaló que, tras el avance del proceso, en agosto de 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo “estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto”. Esto porque “ya que se vencían los plazos legales para ello al haber sido solicitado formalmente el cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Ambiental”.

Con respecto a determinar una zona de protección marítima en la zona, señaló que se encuentran delineando una propuesta al respecto. El proceso de constitución de esta protección debería evaluarse en el Comité de Ministros durante este trimestre.

Consultada sobre su parecer respecto al proyecto Dominga, señaló que no puede pronunciarse pues podría inhabilitarse en caso de analizarse en un Comité de Ministros. Sin embargo, planteó que existe “una zona marina de alto valor en La Higuera”. Frente a esto, agregó que “creemos importante tenga una protección de múltiples usos que permita su resguardo”.

Frente a la pregunta de por qué el Ejecutivo no presentó recursos de casación en dos oportunidades, la ministra señaló que esta decisión no habría sido tomada dentro de su administración de la cartera.

También explicó que la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) define la priorización de acuerdo a criterios determinados por el Ministerio de Economía. Señaló que el Ministerio de Medio Ambiente no participa en la decisión.

Ex Ministro Mena

Luego, participó en la comisión el ex ministro de Medio Ambiente durante los últimos meses de la administración de Michelle Bachelet, Marcelo Mena. En su exposición describió los avances durante el gobierno anterior en la protección de zonas marítimas en el país.

Aseguró que no se estableció un área marina protegida de múltiples usos en Higueras por tiempo, pero que se había logrado avanzar en la materia. Afirmó que el problema no fue “mediación ni presión empresarial, sino cada ministerio haciendo su labor de acuerdo a sus competencias”.

Sobre el proyecto Dominga, criticó que éste no ha cumplido con todas las normativas medioambientales necesarias en ninguna de las etapas de evaluación. Agregó que su construcción representa una “amenaza de una nueva zona de sacrificio”.

Sobre el tratado de Escazú, señaló que “la contradicción que se genera es tremenda”. Explicó que el acuerdo de Escazú se inició en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Luego Chile logró el respaldo de más de 20 países en la administración anterior. Por lo tanto, a su juicio, “el giro en 180 grados fue bastante inexplicable” al salirse del acuerdo. “Sólo los Trump y los Bolsonaro hacen giros en 180 grados en política exterior”, enfatizó.

Abogados especialistas

En la jornada de la tarde, el abogado Ricardo Escobar, que trabajó varias décadas con contratos mineros, explicó cómo se generan las ventas o financiamientos en los distintos niveles y los montos asociados. Y dijo que muchas veces se firman en paraísos fiscales por el riesgo que implican en los países en que se emplazan.

Allí, buscan una jurisdicción que tenga derecho comercial favorable para otorgar garantías a los financistas. Y en algunos paraísos fiscales se utiliza el derecho anglosajón respecto a la prenda de acciones.

Respecto a la consulta parlamentaria sobre contratos mineros con condiciones para pagos relacionados a la decisión de una autoridad pública, Escobar señaló que “no había visto esto. No digo que sea raro, lo raro es el plazo de un año, generalmente es a más años

En tanto, el abogado tributario Francisco Saffie abordó lo que significa la elusión tributaria, los paraísos fiscales y las normas vigentes.

La elusión la definió como el cumplimiento formal de la ley (comercial o civil) para dejar sin efecto el derecho tributario. Mientras que el uso de paraísos fiscales, permite no sólo la baja tributación, sino también la opacidad en la información.

En este caso, planteó que faltan antecedentes para dar una opinión calificando la operación desde un punto de vista jurídico como elusivo. No obstante, se trata de una operación que claramente podría ser cuestionada y revisada con la aplicación de cláusula de anti elusión. Sin embargo, hay restricciones de vigencia que impiden revisar la operación (entró en vigencia en septiembre de 2015).

Agregó que tampoco hay información si se pagaron impuestos o si las operaciones que se hicieron en el camino lo hicieron. Ni tampoco se conoce el interés tributario que hay entremedio.

Trabajadores SII

Del Servicio de Impuestos Internos (SII) expusieron los presidentes de la Asociación Nacional deFuncionarios (ANEIICH), Marcos González y de la Asociación de Fiscalizadores (AFIICH), Juan Apablaza.

Ambos cuestionaron la realización de la operación del proyecto Dominga en guaridas fiscales y consideraron que no se observa otra razón de negociación distinta al mero ahorro fiscal.

También sostuvieron que se debe conocer en qué categoría de régimen o sistema trasladó Sebastián Piñera su financiamiento a su familia. “No sabemos cómo se obtuvo ese derecho”, indicaron. Por lo que buscan que se indague esa trazabilidad, cómo obtuvieron esos ingresos para invertir.

Agregaron que una de las prácticas actuales de algunas empresas para justificar que no hay una legítima razón de negocios es objetar el contrato cambiándolo a donación, lo que está sujeto a impuestos a la herencia.

Por ello, como asociaciones exigieron al SII investigar este contrato, para lo que el Director abrió una investigación con los antecedentes denunciados por Ciper. Fiscalización que esperan sea transparente y no sea alterada en ninguna parte por algún funcionario.

Proponen invitar a familia del Presidente

El diputado Leonardo Soto (PS) propuso que se invitara a la comisión a los hijos e hija del presidente Sebastián Piñera (Cristóbal, Sebastián y Magdalena) y a la Primera Dama Cecilia Morel, que prestó declaraciones en la investigación penal anterior por el caso Exalmar.

En la sesión, también se excusó de participar el exfiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por considerar que no es prudente ni adecuado referirse a la investigación concluida que buscaba una eventual responsabilidad penal de Sebastián Piñera Echenique. La cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es sujeta a investigación por la comisión.

Cabe recordar que se dictó el sobreseimiento definitivo por delitos de uso de información privilegiada, negociación incompatible y obtención de beneficios económicos con información reservada. Mientras que ahora se investigan penalmente eventuales delitos tributarios de soborno y cohecho.