Andrés Solimano señaló que, tras 40 años de aplicación del sistema de AFP, este está agotado, por lo que las reformas parciales son insuficientes. Detalló que se creó un monopolio tanta grande que bloquea cualquier reforma real e impide una regulación.

Avanza el trabajo de la comisión investigadora (CEI 58) encargada de estudiar las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, en la fiscalización de las inversiones de las administradoras de fondos previsionales (AFP).

En la sesión, la instancia recibió la opinión del presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (Ciglob), Andrés Solimano. Además, participó el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ramón López.

Solimano, doctor en economía del MIT y autor de libro “Pensiones a la Chilena”, señaló que se debe derogar el Decreto de Ley DL 3500, que establece un nuevo sistema de pensiones. “Los problemas que enfrenta el país no se van a resolver con reformas parciales al mismo. Existe un monopolio privado con fines de lucro”, planteó.

Asimismo, sostuvo que las AFP movilizan amplios recursos, alrededor de 200 mil millones de dólares. “ Al movilizar una cantidad tan grande de recursos tiene  un poder político muy poderoso (…) la industria de la AFP se ha manejado para neutralizar y bloquear cualquier reforma efectiva al  sistema”, acotó.

Nuevo Sistema de Pensiones

Consideró que una nueva ley de pensiones debe basarse en los principios de seguridad social de universalidad, equidad, suficiencia y diálogo social. Igualmente, tendría que contemplar ideas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha entidad, agregó, tiene convenios y guías para que se pueda crear un nuevo sistema en Chile.

Andrés Solimano dijo que una nueva propuesta en la materia debe decretar libertad de desafiliación de las AFP. Adicionalmente, debería establecer reglas de beneficios según edad, años de servicio y últimos sueldos.

Otra idea planteada es la creación de un sistema de reparto administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), como caja recaudadora de cotizaciones y pagadora de pensiones. “La gente debe poder elegir entre quedarse en las AFP o pasar al nuevo sistema público. La evidencia internacional muestra que la opción publica es ampliamente preferida por la población”, afirmó.

De la misma forma, llamó a fortalecer el fondo de reserva de pensiones establecer un registro de cuentas personales en el nuevo sistema público. Además, expandir la base financiera  hacia un nuevo sistema con un financiamiento tripartito.

Finalmente, postuló definir reglas claras para un pilar privado voluntario, ahorro previsional voluntario (APV) y otros productos que podrían ser administrados por compañías privadas y de la sociedad civil como sindicatos, organismos gremiales, y comunitarias.